Los informes de los detectives privados estarán disponibles para policías y jueces
- Impondrá mayores controles a la actividad de las agencias
- Tendrán que destruir las imágenes al año de grabarlas
- Prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas
- El texto se someterá al dictamen de diversos órganos consultivos
Tras semanas de escándalos al hilo del espionaje en Cataluña, con Método 3 y partidos políticos envueltos, habrá una nueva regulación. Uno de los puntos más importantes es que las agencias de detectives privados tendrán la obligación de destruir las imágenes captadas en sus trabajos después de un año salvo en los casos que estén inmersas en investigaciones judiciales.
Ésta es alguna de las novedades para ahondar en un "mayor control" de la Administración a las empresas de detectives privados que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.
Además, tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías. Deben documentar por escrito los encargos que realicenen sus investigaciones detallando la identidad, los medios utilizados.
Asimismo, estas empresas tendrán que presentar una memoria ante el Ministerio del Interior una vez al año y se incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones. "Los informes deberán conservase archivados cinco años y las imágenes se destruirán un años después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Se crea un un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.
Pero la ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más "compatibles" y "complementarias" las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
El texto del anteproyecto se someterá a dictamen de diversos órganos consultivos, entre ellos la Agencia Española de Protección de Datos, y volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario